Una crisis eléctrica que afecta a familias vulnerables
El reajuste tarifario sumado a los efectos de un proyecto de ley aprobado en el Congreso han derivado en cifras que para muchas familias resultan simplemente impagables. Personas que apenas sobreviven con pensiones mínimas o ingresos rurales inestables hoy enfrentan pagos imposibles de sostener.
“Estamos muy preocupados porque en algunos casos han subido 300% o 400% las cuentas. Somos de comunas en su mayoría rurales, donde muchas veces las familias no tienen cómo alimentarse y hoy ven incrementados estos cobros”, expresó la alcaldesa de Hualañé, Carolina Muñoz, graficando una realidad que desnuda precariedades estructurales.
A las alzas se suman cortes prolongados del suministro en sectores de la región “por más de 7 u 8 horas”, lo que genera más indignación: hogares que se quedan sin electricidad no ven un descuento proporcional en sus boletas, sino todo lo contrario, un incremento que desafía toda lógica económica.
El rol del Estado y la empresa privada en la mira
El diputado Alexis Sepúlveda remarcó que gran parte de la crisis proviene de la gestión de la empresa distribuidora. “Obviamente hay que revisar porque hay temas de gestión de la empresa que esperamos se puedan mejorar, como la toma de lectura de los medidores. Si tú dejas pasar tiempo y colocas un promedio y esto lo cargas en los meses de mayor consumo, claramente la cuenta se va a disparar”, advirtió.
El parlamentario no solo apela a un cambio administrativo en CGE, la empresa distribuidora en el Maule, sino que también apunta a una reforma legal que establezca obligaciones más estrictas. “Queremos que la responsabilidad de este trabajo recaiga en la empresa y no en los clientes”, sostuvo.
En esa misma línea, la propuesta entregada al ministro Elizalde plantea medidas legislativas y regulatorias que fortalezcan las atribuciones de organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para que fiscalice de manera más activa y sancione a las empresas cuando estas no cumplan con un servicio de calidad mínima.
La voz de los alcaldes: malestar ciudadano convertido en acción política
El liderazgo territorial ha sido clave en dar visibilidad a lo que en principio parecía un problema técnico, pero que hoy se dimensiona como un conflicto de carácter social y político.
El alcalde de Maule, Pablo Luna, afirmó tras la cita que la acción conjunta nació del clamor de sus vecinos: “Nuestros vecinos están muy preocupados porque se ha incrementado mucho el cobro de la boleta de la luz. Vecinos que reciben la pensión mínima me han hecho saber su malestar y yo, como alcalde elegido por elección popular hace poco, tengo que preocuparme de estos vecinos”.
El edil valoró la apertura del ministro del Interior para revisar los planteamientos: “Le entregamos la misiva al ministro y accedió a darnos una respuesta lo antes posible. Sabemos que depende de una empresa privada que es la CGE, pero tenemos los organismos como la SEC que lo podemos controlar”.
Por su parte, los demás alcaldes respaldaron la visión de que se requiere uniformar criterios en los cobros y aplicar regulaciones que frenen la escalada de precios.
Las familias maulinas, en el centro del debate energético
Las autoridades locales coinciden en que la población se ve atrapada entre una tarifa que sube sin control y un servicio que no siempre responde a la continuidad mínima que debería garantizar. De ahí que la carta entregada al Gobierno no solamente contenga críticas, sino también propuestas concretas.
Entre ellas, la estandarización de los cobros de electricidad, la regulación más estricta de los mecanismos de medición y cobro, y la apertura a un nuevo marco legislativo que saque del consumidor la carga de compensar errores en el servicio.
“Estamos solicitando acciones concretas que se puedan tomar desde los ministerios para que podamos frenar este tipo de cobros, porque lo único que hacen es generar más problemas y complicaciones a las familias de la Región del Maule”, concluyó la alcaldesa Carolina Muñoz.
El Gobierno bajo presión
Aunque el Ejecutivo reconoció estar al tanto del problema y manifestó “preocupación”, la presión política regional queda instalada y no se disolverá hasta que haya respuestas formales. En La Moneda saben que la indignación ciudadana puede transformarse rápidamente en un conflicto mayor si no se implementan soluciones visibles.
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