Tres hombres quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por su presunta participación en la explotación sexual de una adolescente de 16 años en Talca, Región del Maule. Según los antecedentes expuestos en la causa, la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad y residía en un recinto de protección, desde donde habría sido trasladada hasta un nightclub de la ciudad para ser explotada sexualmente.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Local de Talca en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. El procedimiento fue denominado “Operación Depredador 3” y se extendió por cerca de ocho meses, con seguimientos, análisis de información, inteligencia policial y diligencias destinadas a establecer cómo operaba el grupo investigado.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, los imputados son un ciudadano argentino y dos ciudadanos venezolanos. La Fiscalía les atribuyó funciones distintas dentro de la estructura investigada: uno sería el dueño del establecimiento nocturno, otro habría actuado como administrador del local y el tercero habría cumplido labores de chofer.
La investigación y los traslados de la víctima
El fiscal José Luis González sostuvo que las diligencias permitieron establecer el vínculo entre la residencia donde vivía la adolescente y el local nocturno investigado.
“Se ha podido establecer, luego de seguimientos realizados por varios meses, que una adolescente en situación de vulnerabilidad y que vive en una residencia en Talca, era explotada sexualmente en un nightclub de esta misma ciudad”, señaló el persecutor.
La Fiscalía solicitó el 26 de agosto las órdenes de detención contra los tres imputados. Posteriormente, el sábado 29 de agosto, fueron formalizados como coautores del delito de promoción y facilitación de la explotación sexual de menores de edad.
La PDI informó que el operativo permitió detener a los involucrados y rescatar a la víctima, quien se encontraba en el local nocturno al momento de la intervención policial. Como parte del procedimiento, detectives realizaron entradas y registros en cuatro inmuebles de Talca, incluido el establecimiento vinculado a la investigación.
En esos allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, documentación, dinero y otras especies consideradas de interés criminalístico. Esos elementos serán analizados durante la investigación para determinar si existen nuevos antecedentes o eventuales responsabilidades de otras personas.
Los roles atribuidos a los imputados
Según la Fiscalía, el imputado de nacionalidad argentina sería el propietario del local nocturno. Uno de los ciudadanos venezolanos, quien además tendría ingreso irregular al país, habría cumplido funciones como administrador del establecimiento y habría entregado instrucciones a las mujeres que trabajaban en el recinto.
El tercer imputado, también venezolano, habría tenido el rol de chofer. La investigación lo vincula con los traslados de la adolescente desde la residencia donde permanecía hasta el nightclub investigado en Talca.
El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva planteada por la Fiscalía, que sostuvo que los tres imputados extranjeros representan un peligro para la seguridad de la sociedad. La medida cautelar deberá cumplirse mientras avance la investigación penal.
Concejales piden fiscalización y eventual clausura del local
Tras conocerse el caso, los concejales de Talca Patricio Mena y Rodrigo Poblete anunciaron acciones ante la municipalidad para pedir una fiscalización especial al local nocturno mencionado en la investigación.
Según los antecedentes publicados por Diario Talca, el recinto corresponde al nightclub Luciana, ubicado en calle 10 Oriente 1489, entre 2 y 3 Norte, en Talca. Ese dato fue vinculado a los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia realizada el sábado 29 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Talca.
Patricio Mena adelantó que ingresará un oficio en la oficina de partes de la Municipalidad de Talca para solicitar fiscalización y clausura del establecimiento. Rodrigo Poblete, en tanto, señaló que planteará la petición al alcalde durante la hora de incidentes de la sesión del Concejo Municipal fijada para este martes 1 de septiembre.
La solicitud de los concejales apunta a que el municipio revise la situación del local desde el punto de vista administrativo y de permisos, mientras la causa penal continúa radicada en el Ministerio Público y el tribunal correspondiente.
La investigación penal quedó abierta para nuevas diligencias. Según los antecedentes difundidos, el plazo fue fijado en cuatro meses, por lo que durante ese período la Fiscalía y la PDI deberán analizar las especies incautadas, revisar los antecedentes reunidos y determinar si existen más personas involucradas en los hechos investigados.
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