La Fiscalía Regional del Maule confirmó la detención de 10 personas en el marco de la Operación Castillo de Naipes, investigación penal vinculada al denominado Caso Facturas, que apunta a un presunto fraude fiscal de $2.972 millones y a pagos de sobornos por al menos $316 millones.
El caso es investigado por la Fiscalía de San Javier junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Linares. Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la causa involucra a funcionarios públicos, empresarios particulares, el Gobierno Regional del Maule y municipalidades del Maule Sur.
El Fiscal Regional del Maule, Rodrigo Peña, informó que el procedimiento se viene desarrollando desde 2024 y que la indagatoria apunta a una presunta estructura dedicada a defraudar al Estado mediante operaciones asociadas a facturas cuestionadas.
“Se trata de un procedimiento que se viene desarrollando desde el año 2024 donde se ven lamentablemente involucradas personas que pertenecen a la administración pública”, sostuvo Peña.
El persecutor agregó que se trata de “funcionarios públicos de diversas municipalidades de la región y también personas y empresas privadas, en una causa en la que existe una asociación criminal dedicada a defraudar al Estado”.
Diez detenidos y una trama con funcionarios públicos y empresarios
De acuerdo con los antecedentes informados por la Fiscalía y la PDI, entre los detenidos figuran siete funcionarios públicos y tres particulares vinculados al ámbito empresarial. Dos de los detenidos corresponderían al Gobierno Regional del Maule, mientras que el resto tendría relación con distintas municipalidades de la región.
El prefecto regional de la PDI del Maule, Luis Salazar, detalló que el operativo incluyó órdenes de detención, entrada y registro en viviendas, con participación de más de 70 detectives.
“Se dio cumplimiento a 13 órdenes de detención, entrada y registro de viviendas, donde participaron más de 70 detectives”, señaló Salazar.
El jefe policial precisó que “se detuvo a 10 sujetos, tres de ellos, empresarios particulares y el resto funcionarios de distintas municipalidades y dos de los detenidos son del Gobierno Regional”.
La Fiscalía informó que los delitos investigados incluyen estafas, cohecho, lavado de activos, falsificación de instrumentos públicos, fraude al Fisco y otros ilícitos derivados de los hechos principales.
Facturas cuestionadas y perjuicio fiscal millonario
El perjuicio fiscal investigado asciende a $2.972 millones, una cifra cercana a los $3 mil millones. A ese monto se suman $316 millones asociados a presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos.
La investigación se relaciona con operaciones vinculadas a facturas que habrían sido utilizadas para defraudar al Estado. En los antecedentes del caso aparecen el Gobierno Regional del Maule y las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.
La causa quedó radicada en la Fiscalía de San Javier, bajo la dirección del fiscal jefe Patricio Caroca, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Linares.
Peña sostuvo que “hemos logrado la detención de 10 personas, dentro de los cuales, están los principales involucrados. Esta investigación tiene bastantes aristas con varios ilícitos a perseguir”.
El Fiscal Regional añadió que “vamos a perseguir sea quien sea la persona que se encuentre involucrada. Estos son hechos inaceptables que afectan la fe pública, por lo cual, son deleznables”.
Pedro Pablo Álvarez-Salamanca apunta a hechos anteriores a su administración
El gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, abordó la arista que afecta al Gobierno Regional y remarcó que los hechos investigados se habrían originado antes del inicio de su administración.
“Este es un tema que viene pasando desde el 2024 hacia atrás”, afirmó Álvarez-Salamanca.
El gobernador sostuvo que su administración asumió en 2025 y que, tras detectar antecedentes vinculados al uso de recursos públicos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 7 de abril de 2025.
“En abril del 2025 presentamos una denuncia en la Fiscalía justamente porque teníamos antecedentes de que algo estaba pasando con los recursos públicos en el gobierno regional”, señaló.
Según la versión entregada por el Gobierno Regional del Maule, los profesionales involucrados corresponden a un funcionario y un exfuncionario de carrera de la institución. La declaración pública del organismo indica que los antecedentes investigados se originaron en 2024, antes de la actual administración regional.
El GORE informó que, en el ámbito administrativo, se instruyó un sumario por los mismos hechos. Uno de los funcionarios se encuentra suspendido de sus funciones, mientras que el otro presentó su renuncia.
Álvarez-Salamanca también explicó que, tras la denuncia, el Gobierno Regional entregó antecedentes a la Fiscalía y a la PDI a través de su unidad jurídica.
“Uno de ellos renunció en forma voluntaria, el otro está con sumario administrativo y está suspendido de sus funciones”, indicó el gobernador sobre los funcionarios vinculados al GORE.
GORE presentó denuncia y querella criminal
El Gobierno Regional del Maule informó que el 7 de abril de 2025 presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Posteriormente, el 17 de abril de 2026, interpuso una querella criminal contra la empresa constructora, su representante legal y todos quienes resulten responsables.
La declaración pública del GORE señala que se solicitaron medidas judiciales destinadas a resguardar y procurar la recuperación de los recursos involucrados. También sostiene que se han puesto a disposición del Ministerio Público, la PDI y otros organismos competentes los antecedentes requeridos para el desarrollo de la investigación.
Álvarez-Salamanca afirmó que el Gobierno Regional adoptó medidas administrativas y judiciales tras tomar conocimiento de los hechos.
“Aquí lo más importante es resguardar los recursos públicos y la fe pública”, sostuvo.
En la misma línea, agregó que “el gobierno regional está tomando todos los resguardos desde un inicio”.
Municipios afectados y posibles nuevas partes querellantes
La investigación suma como partes querellantes a municipios afectados, entre ellos Villa Alegre, San Javier, Colbún y Longaví. En el caso de San Javier, los antecedentes conocidos incluyen una querella municipal por $20 millones dentro de las acciones judiciales vinculadas al Caso Facturas.
La Fiscalía no descartó que otros organismos se hagan parte en la investigación, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, dada la naturaleza de los delitos pesquisados y el eventual perjuicio fiscal comprometido.
El caso mantiene varias líneas abiertas: el presunto fraude contra organismos públicos, los eventuales pagos de sobornos, la participación de funcionarios y empresarios, y el rol de las operaciones vinculadas a facturas en instituciones públicas del Maule.
Jorge Guzmán pide sanciones por la arista del GORE Maule
El diputado Jorge Guzmán reaccionó a los antecedentes vinculados al Gobierno Regional del Maule y pidió que las eventuales responsabilidades sean investigadas y sancionadas.
El parlamentario apuntó a hechos que, según sostuvo, corresponderían a la administración regional anterior, y valoró que el actual gobernador haya presentado denuncias y querellas.
“Nos parece tremendamente preocupante lo que el Ministerio Público ha puesto en conocimiento durante las últimas horas, porque da cuenta de eventuales hechos de corrupción al interior del Gobierno Regional del Maule durante la administración anterior”, señaló Guzmán.
El diputado agregó que “aquí debe haber una sola regla: quien haya cometido actos de corrupción debe responder ante la justicia. No puede haber impunidad”.
Sus declaraciones incorporan una arista política al caso, especialmente por la mención directa al Gobierno Regional del Maule y al período en que se habrían originado los hechos investigados. La determinación de responsabilidades penales quedará radicada en la investigación del Ministerio Público y en las resoluciones que adopte el tribunal.
Fiscalía pedirá prisión preventiva
El Ministerio Público anunció que solicitará prisión preventiva para los 10 imputados, argumentando la gravedad de los hechos y peligro para la seguridad de la sociedad.
La audiencia de formalización se realiza este lunes 5 de octubre ante el Juzgado de Garantía de San Javier. En esa instancia, la Fiscalía expondrá los cargos, los antecedentes reunidos y la solicitud de medidas cautelares.
Hasta ahora, la Operación Castillo de Naipes mantiene bajo investigación un presunto fraude de $2.972 millones, pagos de sobornos por $316 millones, 10 detenidos, funcionarios públicos involucrados, empresarios particulares y operaciones que alcanzan al GORE Maule y municipios del Maule Sur. Sigue la cobertura en MauleNews.com y mantente informado con la actualidad de Talca, la Región del Maule y Chile.
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