Funcionaria trans de la Seremi de Gobierno Maule denuncia graves episodios de acoso laboral y discriminación: sumarios en curso contra jefaturas

Noticias Región del Maule: Una denuncia por acoso laboral y discriminación en contra de dos funcionarias de confianza de la exseremi de Gobierno del Maule —Nataly Rojas, hoy candidata a diputada por el Frente Amplio— destapó presunto grave acoso laboral en la repartición que remecen a los trabajadores del organismo. 

Los hechos, consignados en un documento ingresado a la autoridad, relatan episodios de maltrato, insultos, humillaciones y vulneración de la vida privada, afectando especialmente a una funcionaria trans, quien habría sido blanco de hostigamiento reiterado.

Los sumarios administrativos y el hermetismo oficial

De acuerdo con los antecedentes, actualmente existen dos sumarios en curso en Santiago para esclarecer la conducta de la jefa de Gabinete y la encargada de Administración y Finanzas de la Seremi de Gobierno del Maule.

Pese a ello, desde la propia seremía subrogante afirmaron no haber recibido notificación oficial sobre estas acciones.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno respondió al ser consultado por la prensa mediante una declaración formal: “Una vez recibido los antecedentes ante la Seremi de Gobierno de la Región del Maule, el Ministerio Secretaría General de Gobierno instruyó inmediatamente el respectivo sumario administrativo con el objeto de ser investigados y determinar las eventuales responsabilidades. Dicho procedimiento se encuentra actualmente en curso, y conforme la normativa vigente, la información contenida en éste es reservada”.

Sin embargo, funcionarios de la repartición solicitaron que los procesos se retrotraigan a la fase de declaraciones de testigos, argumentando que en su momento no pudieron entregar la verdad completa debido al temor a represalias.

Denuncias de maltrato hacia una funcionaria trans

El documento presentado por trabajadores enfatiza que la situación se tornó insostenible principalmente por el trato hacia una funcionaria trans, quien habría sido objeto de presiones, comentarios ofensivos y hostigamiento.

Los denunciantes describieron situaciones recurrentes de maltrato laboral y discriminación directa: asignación de tareas al filo de la jornada sin compensación, descalificaciones públicas, burlas, comentarios ofensivos sobre apariencia física, maquillaje, edad, vestimenta y referencias a su vida personal y trabajos anteriores.

El quiebre: la fiesta del 27 de junio

Las tensiones estallaron en un episodio ocurrido durante la celebración del aniversario del ministerio, el 27 de junio. Esa mañana, la jefa de Gabinete habría enfrentado de forma prepotente a la funcionaria trans por un trabajo administrativo, generando una discusión que terminó con la afectada en lágrimas.

Horas después, en plena fiesta, la misma jefatura la encaró nuevamente, esta vez bajo evidente ingesta de alcohol, acusándola de deslealtad y traición, y exigiendo hablar en ese mismo instante. Cuando la funcionaria pidió postergar la conversación para un momento formal, la increpó frente a terceros.

En ese escenario, la encargada de Administración y Finanzas se unió al hostigamiento, arremetiendo con alusiones a episodios de la vida privada de la afectada y lanzando frases despectivas. Según el testimonio, llegó a jactarse: “Yo recibo las denuncias por maltrato, y las archivo, las guardo. No me importa un pico que me denuncien”, lo que generó una sensación de desprotección absoluta entre los funcionarios.

La situación fue rematada por la frase que varios testigos dejaron estampada en el sumario: “Denúncienme, a mí no me pasará nada, me protege mi partido político”.

Reiteradas prácticas de hostigamiento

Más allá de este episodio puntual, la denuncia acumula otros hechos que revelan un patrón de abuso sistemático. Se acusa a la jefa de Gabinete de prolongar las tareas laborales de la funcionaria trans fuera del horario, “haciéndola llorar en reiteradas oportunidades”.

A su vez, la encargada de Finanzas habría incurrido en prácticas graves de vulneración de privacidad, como la revisión de licencias médicas de sus colegas en formato papel para comprobar diagnósticos, sumado a expresiones degradantes al calificar a los demás trabajadores como “flojos” e “incompetentes”.

Los testimonios recogidos también coinciden en que ambas superiores se referían habitualmente de forma despectiva al cuerpo, edad y forma de vestir de sus subordinadas, instalando un clima laboral de violencia psicológica y degradación.

El trasfondo político y las dudas sobre garantías de protección

La denuncia cobra aún más complejidad porque los hechos involucran a funcionarias de confianza de la exseremi de Gobierno del Maule, Nataly Rojas, quien hoy busca un escaño en la Cámara de Diputados. La protección política que, según los testimonios, las acusadas aseguraban tener, tiñe de dudas la eficacia e imparcialidad de los procesos administrativos en curso.

Los funcionarios que firman el documento afirman sentirse en desamparo institucional y sin resguardos efectivos frente al acoso, demandando que los sumarios retomen la etapa de testigos y se investiguen los incidentes con garantías reales para que se conozca la verdad.

Un clima enrarecido que se mantiene

Pese al revuelo generado, ambas funcionarias continúan ejerciendo sus labores en la Seremi de Gobierno del Maule, lo que ha incrementado la sensación de indefensión entre los trabajadores. Los hechos revelan un escenario preocupante en el que denuncias de acoso y humillaciones públicas conviven con la continuidad administrativa, sin medidas cautelares aparentemente efectivas para resguardar a las víctimas.

La crisis vuelve a poner en cuestión la eficacia de los protocolos frente a la Ley Karin y la capacidad del Estado de proteger a funcionarios públicos en contextos de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de discriminación hacia personas trans en instituciones del Gobierno Regional.

El desenlace de los sumarios será clave para determinar si se trata de un caso aislado de abuso de poder o del síntoma de un problema estructural que aún persiste en servicios públicos de alta dependencia política.


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Post de: Maule News

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