El peso de las acusaciones
Un reportaje de The Clinic reveló esta semana los presuntos abusos cometidos por Nicole Román, jefa de Gabinete, y Claudia Rojas, encargada de la Unidad de Administración y Finanzas de la Segegob en el Maule. Ambas fueron acusadas de hostigamiento y discriminación hacia una funcionaria trans, en un contexto que trabajadores de la repartición describen como un clima de maltrato sostenido.
La denuncia se agrava por un antecedente que quedó registrado en Transparencia: Román fue traspasada a contrata en enero de 2024, con un sueldo de $2.500.000, pese a mantener un sumario en curso. Un hecho que desató cuestionamientos sobre la política de protección de denunciantes y la real aplicación de la Ley Karin.
Protección
La candidata a diputada por el Distrito 17, Elia Piedras, reaccionó con dureza frente a lo revelado:
“Las denuncias que pesan sobre dos funcionarias de la Segegob en el Maule son gravísimas. No solo por tratarse de un caso muy serio de acoso y discriminación, sino porque además al menos una de las trabajadoras sumariadas fue premiada con estabilidad y aumento salarial”, afirmó.
Con trayectoria como ex seremi del Trabajo y Previsión Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Piedras fue enfática en señalar que “aquí no basta con discursos: las funcionarias involucradas en este escándalo deben ser separadas de sus cargos y la denunciante, en cambio, protegida como manda la Ley Karin”.
La aspirante al Congreso criticó además la incoherencia en el discurso feminista dentro del oficialismo: “El feminismo no puede ser una fachada mientras en la práctica se encubre y protege a funcionarias denunciadas por hostigamiento y humillaciones”.
Testimonios internos
El reportaje de The Clinic también dio a conocer una carta firmada por trabajadores de la propia Seremía, quienes exigieron que los sumarios administrativos se retrotraigan a la etapa de declaraciones de testigos. El motivo: en el proceso inicial no entregaron información veraz por temor a represalias.
El documento interno describe un patrón de maltrato sistemático: “Los hechos que hemos vivenciado individualmente, como la falta de trabajo efectivo para con una funcionaria, el trato desigual respecto de una misma situación entre distintos funcionarios, la descalificación constante a través de comentarios como ‘flojos’, ‘solo pido que hagas tu trabajo’, ‘son tontos’, las referencias permanentes respecto del cuerpo, edad, maquillaje, ropa, no saludar, burlarse de compañeras de trabajo, son algunas de las situaciones a las que hemos estado expuestos por mucho tiempo”, señala la carta.
El trasfondo político
El caso golpea directamente a la ex seremi Nataly Rojas, quien lideró la Segegob Maule y es actual candidata a diputada por Maule Norte, quién además renunció a su cargo con serios desórdenes en la entrega de los Fondos de Medios de Comunicación Social. Tanto Nicole Román como Claudia Rojas, las funcionarias denunciadas, pertenecían a su círculo de confianza. Esta conexión ha encendido alarmas sobre la falta de control interno en las designaciones de confianza política y la práctica de otorgar ascensos pese a investigaciones en curso.
La situación plantea un escenario incómodo para el Gobierno, que ha impulsado la Ley Karin como respuesta institucional al maltrato laboral, pero que hoy enfrenta cuestionamientos por la ausencia de medidas ejemplificadoras en su propia estructura.
Un precedente en la región
El episodio marca un precedente en la Región del Maule. La combinación de denuncias por acoso, sumarios administrativos cuestionados, cartas internas de trabajadores y vínculos políticos de alto nivel sitúan el caso como uno de los más graves de los últimos años dentro de la administración pública local.
Las voces críticas coinciden en que este no es un asunto menor ni aislado, sino un reflejo de cómo los mecanismos de protección a denunciantes siguen siendo débiles frente a la inercia de encubrimientos y lealtades políticas.
Exigencia de transparencia
La presión aumenta para que la Segegob y el Gobierno central transparenten los resultados de los sumarios y adopten medidas inmediatas. El caso se ha convertido en un test sobre la coherencia institucional en materia de derechos laborales, equidad de género y protección frente al acoso.
La ciudadanía y las organizaciones laborales del Maule esperan respuestas claras. La denuncia pública ya está instalada, el daño político avanza y la credibilidad institucional está en juego.
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