El desalojo del patio 3 de la Macroferia de Talca abrió un nuevo conflicto entre autoridades y comerciantes que ocupaban el recinto municipal. El operativo se desarrolló este martes 8 de septiembre con apoyo de la fuerza pública, retiro de mercaderías, ingreso de maquinaria y cuestionamientos de la defensa de los afectados, que acusó falta de notificación previa para quienes serían desalojados.
La intervención fue solicitada por la Municipalidad de Talca y autorizada por la Delegación Presidencial Regional del Maule. Según informó la Delegación, el objetivo del procedimiento era desalojar el terreno para avanzar posteriormente en la demolición de infraestructura calificada como irregular. Durante la jornada, comerciantes retiraron cebollas, zapallos y otros productos desde el patio, mientras sus representantes intentaban frenar la medida.
El punto central del conflicto quedó dividido en dos versiones. Por un lado, las autoridades defendieron el operativo como parte de un proceso de ordenamiento y regularización de la Macroferia. Por otro, el abogado de los desalojados, Camilo Bahamondez, sostuvo que no se acreditó una notificación adecuada a las personas afectadas por el procedimiento.
Delegación defendió la regularización del recinto
El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, confirmó durante la jornada que el operativo seguía en curso luego de reunirse con representantes del patio 3. Posteriormente, a través de un comunicado, la Delegación respaldó la intervención y sostuvo que la medida fue coordinada con la Municipalidad de Talca, la Seremi de Seguridad, Carabineros y la PDI.
“Lo que queremos, y la finalidad para todos los talquinos, es tener una Macroferia como corresponde, avanzar en su regularización y, sobre todo, entregar tranquilidad y seguridad a todas las personas que concurren a comprar sus distintos productos. Para eso, hemos estado trabajando de manera coordinada con el municipio y las distintas instituciones”.
La Delegación también informó que se instruyó entregar facilidades para que los comerciantes retiraran productos y pertenencias. Según la versión institucional, el procedimiento se realizó mediante agentes de diálogo de Carabineros y no fue necesario utilizar la fuerza. Consultado por los reclamos sobre notificaciones, Prieto afirmó que el proceso se ajustó a los protocolos establecidos.
Municipio sostiene que el patio 3 no tiene asignaciones permanentes
El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, defendió el desalojo como un operativo de ordenamiento del patio 3 y del comercio ambulante en el exterior de la Macroferia. Según explicó a Diario Talca y Radio FM+, el espacio está destinado a carga, descarga y comercialización de productos, pero no a instalaciones permanentes.
“Este es un operativo de ordenamiento tanto al interior como al exterior del Patio 3. Los agricultores y los vecinos se quejan por el comercio ambulante. Obviamente hoy día dimos respuestas a esa inquietud, pero también ordenar lo que dice relación con estos patios, que son patios de carga y descarga. No son patios donde tienen asignatarios permanentes”, afirmó.
Díaz insistió en que el municipio busca hacer cumplir la ordenanza que regula el recinto.
“Y eso hoy día es lo que se está ordenando y haciendo cumplir la ordenanza que existe y que rige a este recinto productivo”.
Frente al reclamo de los comerciantes sobre eventuales notificaciones pendientes, el jefe comunal recalcó que quienes ocupaban el espacio no serían locatarios ni asignatarios permanentes.
“No son locatarios, no son asignatarios, eso yo lo quiero dejar claro, y esto es un recinto municipal que tiene por objeto dar cobertura y espacio a los agricultores que vienen a comercializar sus productos agrícolas”, señaló.
El alcalde agregó que la ocupación del patio dificultaría el acceso de otros productores al recinto y vinculó ese argumento con la solicitud de apoyo policial.
“Hoy día ellos no pueden acceder porque estos patios están capturados por personas que se apropian de estos espacios, que tienen otra finalidad. Y eso es lo que nosotros hemos ordenado y hemos pedido apoyo a la fuerza pública”, sostuvo.
Según Díaz, agricultores y comerciantes pueden ingresar a la Macroferia para comercializar productos, pero no instalar techos ni estructuras permanentes, debido a que los espacios son de uso transitorio para entrada, salida, carga y descarga.
La cobertura de la mañana identificó que la resolución utilizada por la Delegación corresponde a la resolución 527, sustentada en el decreto alcaldicio 7182, del 10 de diciembre de 2025, referido a la demolición de infraestructura del patio 3.
Defensa acusa falta de notificación
La defensa de los afectados planteó una versión distinta. El abogado Camilo Bahamondez sostuvo que en el patio trabajan comerciantes conocidos por la administración y que existirían pagos por la utilización de los espacios. También cuestionó que no se hubiera alcanzado una solución mediante conversaciones previas con el municipio.
“Sabía de nuestra presencia, no nos consideró, envió una persona con un papel para que hiciéramos una solicitud, como si fuéramos a solicitar cualquier cosa y por lo tanto no hubo ninguna voluntad política ni de conversación por parte del alcalde ni nadie de autoridad en la municipalidad de Talca”, afirmó el jurista.
Bahamondez explicó que acudió a la Delegación junto a dirigentes del patio 3 para exponer sus objeciones ante el delegado Juan Eduardo Prieto, el gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez y funcionarios de esa institución. Su principal reparo fue que la resolución invocada para el desalojo no acreditaría, según su análisis, una notificación efectiva a los comerciantes.
“Acá no estoy hablando en contra de lo que dice la resolución propiamente tal, sino que estoy haciendo presente un asunto que no me han podido responder. Las personas que están siendo hoy día desalojadas no fueron notificadas de este decreto alcaldicio que surge en diciembre del año pasado”.
El abogado cuestionó además que el documento mencionara notificaciones a personas desconocidas durante 2026, pese a que, según su versión, la administración municipal sí tendría conocimiento de quiénes trabajan en el lugar.
“¿Cómo puede ser que digan que no conocen a nadie si aquí hay un administrador municipal que todos los días la gente que trabaja acá le paga el lugar donde van a estar? Por lo tanto, claramente pudieron haberlo notificado”, sostuvo.
Para Bahamondez, la falta de notificación habría impedido que los afectados adoptaran medidas jurídicas antes del operativo.
“A mi entender, yo creo que no consta y que no lo notificaron efectivamente porque las personas del Patio 3 si hubieran sabido de esa notificación hubieran tomado los resguardos, hubieran hablado con un abogado, hubieran tomado obviamente los resguardos necesarios jurídicos. No lo hicieron”.
La defensa calificó la actuación como arbitraria e ilegal, mientras la Delegación sostuvo que el procedimiento siguió los protocolos. Durante la cobertura no se informó una sentencia que resolviera la controversia sobre el procedimiento actual.
Gobernador propuso mesa de trabajo
El gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez participó junto al delegado Prieto en la reunión con representantes del patio 3. Su postura respaldó el ordenamiento del recinto, pero también planteó la necesidad de considerar la actividad económica de quienes trabajan en el lugar.
“Estamos en la misma línea que nuestro delegado. La gente que trabaja en el patio es importante”, expresó.
Álvarez-Salamanca propuso establecer una mesa de trabajo con participación municipal para buscar acuerdos con comerciantes y agricultores.
“Yo digo que todos tienen el derecho de trabajar”.
La propuesta, sin embargo, no implicó la suspensión del operativo. De acuerdo con el comunicado de la Delegación, las inquietudes y antecedentes entregados por los representantes serían analizados en las instancias correspondientes.
Comerciantes retiraron productos mientras avanzaba el procedimiento
Durante el operativo, parte de los comerciantes comenzó a retirar productos y vehículos desde el patio, mientras otros esperaban el resultado de las gestiones realizadas por sus representantes. En paralelo, se observó maquinaria al interior del recinto, cortes de suministro eléctrico y equipos destinados a intervenir las estructuras instaladas en el sector.
Un comerciante explicó durante la cobertura que el patio funciona como espacio de venta y carga de productos para transportistas y compradores. También sostuvo que los techos permitían proteger las mercaderías y a quienes trabajan frente al sol y la lluvia.
El abogado Bahamondez defendió una salida conversada y pidió considerar la actividad económica de los afectados.
“Creo que esa es la mejor opción y ese es el llamado al diálogo. Aquí no estamos hablando de delincuentes ni antisociales, son gente trabajadora que se gana el día a día en este lugar”.
Por qué la defensa no acudió antes a tribunales
Radio FM+ consultó directamente a Bahamondez por qué no había presentado un recurso judicial si consideraba ilegal el procedimiento y el desalojo ya estaba avanzando. El abogado respondió que fue informado durante la mañana y que optó primero por intentar una solución política y administrativa antes de judicializar el conflicto.
“Yo le dije muy claro a la gente que está conmigo, primero vamos a tratar de buscar la vía pacífica, la de la conversación, la del diálogo, la conversación política que creo que siempre tiene que estar antes de evitar un enfrentamiento y espero que no ocurra de esa forma”, manifestó.
Luego precisó que desde las 7:00 horas se encontraban realizando gestiones y que esperaban una respuesta de la Delegación.
“Hoy día en la mañana, llegamos a las 7 de la mañana que estábamos tratando de dialogar, conversar. El delegado presidencial nos señaló de que iba a pensar las medidas, por lo tanto, fue un acuerdo también de que iban a venir, si no se tomaba esta medida, las acciones judiciales pertinentes”.
El abogado agregó que su decisión respondía al cumplimiento de compromisos asumidos con la autoridad.
“No es una falta de fundamento, es cumplimiento mínimo de los compromisos que yo hice con la autoridad, en las cuales aún sigo confiando, señor”.
Carabineros ejecutó la resolución de la Delegación
Mientras la defensa buscaba una reconsideración, Carabineros informó que mantenía la ejecución de la resolución emanada desde la Delegación Presidencial Regional del Maule.
“Estamos realizando y materializando la resolución de la Delegación Presidencial”, señaló el comandante consultado en terreno.
El comunicado posterior, entregados horas después por parte de la Delegación informó la realización del desalojo, pero no precisó el alcance final de las demoliciones ni un plazo para responder a los planteamientos presentados por los representantes del patio 3.
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