Una comunidad en pie de lucha
Lo que comenzó como una disputa legal entre el propietario del Fundo Las Doscientas, Osvaldo Hiriart, y la empresa Mercedario, brazo agrícola del Grupo Penta, ha escalado a un conflicto social que afecta directamente a las familias del sector. Según Hiriart, la empresa habría movido los deslindes de sus terrenos, usurpando cerca de 10.400 metros cuadrados.
“Ellos corrieron el deslinde y por ende nos dejaron sin la posibilidad de instalar la red de agua potable rural. Esto afecta a más de 100 familias que llevan años esperando este proyecto esencial”, expresó Hiriart, visiblemente afectado.
El impacto en el proyecto de agua potable rural (APR)
La franja de terreno en disputa se había cedido temporalmente para la instalación de tuberías del proyecto APR, una iniciativa largamente anhelada por la comunidad. Sin embargo, este conflicto ha paralizado la construcción.
El abogado de Hiriart, Benjamín Ogaz, no escatima en críticas hacia la empresa. “Desde el 2019, el Grupo Penta ha usurpado esta franja de terreno, afectando tanto a mi cliente como a pequeños agricultores. Han tomado una actitud de dilatar los juicios, lo cual es inaceptable y muestra un desprecio hacia la comunidad”.
El problema del camino: ¿Público o privado?
Otro punto de tensión es el camino vecinal del Fundo Las Doscientas, que debería contar con 17 metros de ancho según los registros del Conservador de Bienes Raíces de Talca, pero que actualmente solo tiene 11 metros. La empresa Mercedario habría modificado los cercos, reduciendo el espacio disponible.
“El camino fue pavimentado con recursos de los parceleros, no de la empresa. Es inadmisible que ellos lo usen para su tránsito industrial y, además, reduzcan su ancho en detrimento de la comunidad”, afirmó Hiriart.
El alcalde de Pencahue, José Miguel Tobar, se sumó a las críticas: “Es un retroceso para la comunidad. El camino es vital para la red de agua potable, pero está en malas condiciones por el uso intensivo de camiones de la empresa”.
Testimonios de los vecinos
Luis Bravo, residente del sector, recordó los esfuerzos de la comunidad desde 1993 para obtener servicios básicos. “Logramos tener luz eléctrica y acceso, pero ahora estos señores nos están robando el terreno y deteniendo el proyecto APR”, lamentó.
Por su parte, Raúl Martínez, otro vecino, aseguró: “No nos rendiremos. Este proyecto es fundamental para todos, y lucharemos por nuestra comunidad”.
Escalada de tensiones: denuncias de agresión
La situación alcanzó su punto más crítico cuando Hiriart, junto a vecinos, intentó cerrar el camino para impedir el paso de los vehículos de Mercedario. Según Hiriart, esta acción provocó una violenta reacción de los hermanos Rodríguez, antiguos propietarios del terreno, quienes lo agredieron físicamente.
“Me cerraron el paso, me empujaron y me golpearon. Esto es desesperante porque solo queremos que se resuelva el problema de forma justa”, narró Hiriart.
El vecino Julio Abaca, testigo de los hechos, describió lo ocurrido: “Fue una escena chocante. Vi cómo lo agredían. Esto ya no se trata solo de tierras, sino de dignidad y respeto hacia nuestra comunidad”.
Una solución urgente
La comunidad exige que el Grupo Penta devuelva los terrenos para que el proyecto de agua potable rural pueda avanzar. “Esto no es solo una disputa legal, es un tema de justicia y necesidad básica para más de 100 familias”, enfatizó Hiriart.
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