Noticias Región del Maule: José Luis Craig Meneses, Defensor Regional del Maule, Magister en Criminología y Justicia Penal y Magister en Gestión y Políticas Públicas.
A 20 años de la reforma procesal penal, la Defensoría Penal Pública encargó un Estudio de Opinión Pública, Imagen y Posicionamiento a la empresa Cadem, el cual arroja una mala evaluación general para el sistema de justicia penal, evaluando un 82% de los encuestados con una nota que no supera el 4.0. Este resultado implica que esta mala calificación subió 5 puntos desde la última evaluación realizada el 2018.
Las instituciones evaluadas como pertenecientes al sistema penal fueron la mencionada Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En este negativo contexto la Defensoría se erige como la mejor evaluada en los dos ítems consultados, que fueron desempeño general y confianza, obteniendo 35% y 31% de notas 5 a 7, respectivamente.
El Ministerio Público obtiene 30% en desempeño y 29% en confianza, el Poder Judicial, obtiene 26% en ambas consultas y el Ministerio de Justicia obtiene la más baja calificación con 26% en desempeño y 23% en confianza.
Si bien el resultado es preocupante, la Defensoría registra otro buen resultado en este estudio. En efecto, se mantiene un camino ascendente en el nivel de conocimiento de la institución en la opinión pública, ya que este estudio marca un 22% de crecimiento desde el año 2015 en que se obtuvo un 44%; luego, el 2018 se sube a un 53%, y este complicado año 2020 se obtiene un 66%.
En otros resultados relevantes se puede mencionar que un 89% de los encuestados considera que es importante que exista una institución pública que defienda los DDHH, un 60% cree que se garantiza de buena manera en Chile el derecho a tener un abogado que lo defienda ante un proceso penal, un 79% está de acuerdo con que se garantice defensa gratuita por el Estado para todas las personas y casi la mitad de los encuestados estima que la Defensoría Penal Pública contribuye a la protección de los Derechos Humanos de todos y todas.
Estas cifras refuerzan la necesidad de que todos los actores del sistema de justicia nos acerquemos más a las personas, pues cuando la desaprobación en el desempeño y la desconfianza aumentan, la respuesta de las instituciones públicas debe ser desde la transparencia y el control.
En la Defensoría hemos hecho múltiples esfuerzos para dar a conocer lo que hacemos y, sobre todo, explicar que el derecho a la defensa es un pilar fundamental del aseguramiento de un juicio justo, he ahí que recibamos una evaluación progresivamente más positiva en términos de confianza y percepción general del servicio, pero sobre todo desde el cada vez mayor conocimiento que tiene la población respecto de lo que hacemos y de la mano también de la importancia de la existencia de la defensa como eje fundamental en el resguardo de los DDHH.
Tomamos con responsabilidad estos resultados, no son del todo buenos, pero indudablemente vamos por el buen camino.
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