La trama judicial conocida como la “muñeca bielorrusa” sumó en las últimas semanas una arista de alta sensibilidad política. La Fiscalía Regional de Los Lagos abrió una investigación paralela luego de recibir interceptaciones telefónicas realizadas por el OS-7 de Carabineros a los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), ambos imputados en la causa matriz.
En algunos de esos audios, según antecedentes conocidos por Reportajes Teletrece, aparece mencionado en más de una oportunidad el nombre de la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien quedó registrada formalmente en esta nueva causa como “sujeto de interés”, figura procesal que no implica imputación ni acusación penal.
La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer resolvió abrir esta indagatoria entre noviembre y diciembre de 2025, bajo estricta reserva, con un RUC distinto al expediente principal que investiga presuntos sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Escuchas, custodia especial y una hipótesis en evaluación
De acuerdo con fuentes del caso, una de las interceptaciones corresponde a una conversación entre un “operador judicial” y uno de los conservadores investigados, donde se alude a un eventual rol de Vodanovic en el nombramiento de uno de ellos y a una posible “retribución” posterior. Por tratarse de menciones sensibles, ese audio quedó separado de la carpeta principal y bajo custodia con acceso limitado.
Yamil Najle, conservador de Chillán, figura además como propietario del medio local Diario El Heraldo de Linares.
Las primeras diligencias apuntan a una verificación básica: establecer si las afirmaciones realizadas por terceros en la grabación tienen algún sustento objetivo o si se trata solo de referencias sin correlato fáctico. Hasta ahora, no existen imputaciones formales contra la senadora.
Desde la Fiscalía Nacional confirmaron al medio televisivo que no entregarán detalles sobre la causa. En una declaración institucional señalaron que “el Ministerio Público no puede emitir comentarios ni entregar antecedentes respecto de eventuales diligencias, procesos o líneas de investigación que pudieran relacionarse con causas penales en curso, por tratarse de materias amparadas por el deber legal de reserva”.
La respuesta pública de la senadora Vodanovic
Tras la difusión del caso, Paulina Vodanovic emitió una declaración pública fechada el 17 de enero de 2026 en Santiago. En ella negó cualquier vínculo con los hechos investigados y cuestionó duramente la filtración de información reservada.
“No tengo conocimiento alguno y desconozco absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia. A la fecha ninguna persona se ha comunicado conmigo ni ha inquirido detalle o versión sobre estos aspectos. Además, con las aludidas personas no mantengo relación profesional o personal de ninguna especie”, sostuvo.
En el mismo texto agregó: “Considero que es de extrema gravedad la facilidad con que información de acceso restringido, propia de la reserva de antecedentes tan graves y sin fundamento ninguno, se difunda de manera pública sin medios de verificación o consulta”.
Y concluyó: “Rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora. Estoy plenamente disponible para colaborar con cualquier investigación llevada por el Ministerio Público”.
Una investigación en curso y bajo presunción de inocencia
La nueva arista se encuentra en fase inicial, sin formalizaciones ni cargos. Jurídicamente, Vodanovic no tiene la calidad de imputada y mantiene intacta su presunción de inocencia, conforme al Código Procesal Penal chileno.
La causa, sin embargo, reabre un debate mayor sobre la permeabilidad del sistema de nombramientos en cargos auxiliares de la administración de justicia, el rol de intermediarios informales —los llamados “operadores judiciales”— y las debilidades estructurales que la propia investigación de la “muñeca bielorrusa” ha dejado al descubierto.
En paralelo, el Ministerio Público deberá enfrentar otro flanco: determinar si existió delito en la filtración de escuchas reservadas, un hecho que, de comprobarse, podría derivar en responsabilidades penales adicionales.
La historia sigue abierta y en desarrollo, con impacto directo en el sistema judicial y en la élite política nacional.
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