El Juzgado de Letras del Trabajo de Talca acogió parcialmente una demanda contra la fundación sostenedora del establecimiento y ordenó restituir descuentos efectuados a trabajadores sindicalizados, además de reconocer públicamente los acuerdos laborales. En entrevista exclusiva con el medio Radio FM+, la abogada Natalia Escobar, representante del sindicato, valoró el resultado judicial y abordó las situaciones que enfrentaban los funcionarios.
Justicia condena al Colegio Darío Salas por incumplimientos que afectaron al sindicato
La Fundación Educacional Colegio Darío Salas de Talca fue condenada en primera instancia por prácticas antisindicales, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo acogiera parcialmente una demanda presentada por los trabajadores sindicalizados del establecimiento.
La sentencia, dictada el 27 de octubre de 2026 por el juez Juan Marcelo Bruna Parada y difundida por el Poder Judicial el 10 de noviembre, estableció incumplimientos relacionados con la forma de reconocer los años de servicio y la labor de profesores jefes, conforme a los acuerdos alcanzados con la organización sindical.
El tribunal también ordenó devolver descuentos realizados sobre una asignación de movilización de $20.000 mensuales, aplicada a trabajadores que habían presentado licencias médicas.
La resolución contempla sanciones económicas, el reconocimiento público de la representación sindical, capacitación obligatoria para los directivos y el pago de las costas judiciales.
Abogada Natalia Escobar: trabajadores se sentían menoscabados por decisiones de la administración
Uno de los antecedentes relevantes del caso fue entregado por la abogada Natalia Escobar, quien representó al sindicato durante el proceso y conversó en exclusiva con la Radio FM+ 92.3 Talca sobre los resultados de la demanda.
La profesional explicó que la sentencia reconoció conductas denunciadas por la organización sindical, cuyos integrantes, según relató, venían experimentando situaciones de menoscabo asociadas a decisiones de la administración.
En sus declaraciones, Escobar sostuvo que los trabajadores “se sentían constantemente menoscabados frente a las decisiones arbitrarias de la directiva”.
La abogada también destacó la importancia de haber obtenido una resolución favorable en una materia que, según su experiencia, muchos trabajadores evitan llevar ante los tribunales por temor a posibles represalias.
Escobar manifestó la satisfacción del equipo jurídico y de los integrantes del sindicato con el resultado del proceso, al considerar que la sentencia reconoció una parte importante de los cuestionamientos formulados contra el establecimiento.
Su testimonio permite dimensionar el conflicto más allá de los descuentos económicos, pues la controversia también involucró la representación de los trabajadores y la forma en que la administración cumplía acuerdos colectivos.
Colegio deberá devolver descuentos de movilización aplicados desde diciembre de 2023
Uno de los efectos económicos más concretos del fallo corresponde a la asignación mensual de movilización de $20.000 establecida en el contrato colectivo.
Según los antecedentes judiciales, la fundación efectuaba descuentos proporcionales cuando determinados trabajadores sindicalizados presentaban licencias médicas o registraban ausencias justificadas.
El tribunal determinó que el beneficio solamente podía descontarse durante los períodos de feriado legal, conforme a las condiciones pactadas.
Por esta razón, ordenó restituir los montos descontados por licencias médicas entre el 30 de diciembre de 2023, fecha en que comenzó a regir el contrato colectivo, y el 3 de marzo de 2026, cuando se presentó la demanda.
La suma que corresponde devolver a cada funcionario será determinada durante la etapa de cumplimiento del fallo, utilizando las liquidaciones de remuneraciones que fueron incorporadas al juicio.
Esto significa que no existe una indemnización general de $20.000 mensuales para todos los trabajadores, sino una restitución individual de los descuentos efectivamente aplicados a quienes resultaron afectados.
Reconocimiento de profesores jefes y años de servicio también fue parte del conflicto
El tribunal también estableció que la fundación incurrió en prácticas antisindicales relacionadas con el incumplimiento de las condiciones acordadas para reconocer la trayectoria laboral de sus funcionarios.
La controversia incluía las ceremonias de reconocimiento por años de servicio y las distinciones destinadas a profesores jefes.
El sindicato cuestionó que estas actividades fueran realizadas de una manera diferente a la comprometida en los acuerdos colectivos, restando visibilidad a beneficios obtenidos mediante la negociación y representación sindical.
La sentencia estableció que los reconocimientos deberán efectuarse frente a la comunidad escolar, respetando las formalidades y fechas contempladas en los acuerdos vigentes.
Para el tribunal, estas obligaciones no se limitan a entregar presentes simbólicos, sino que también comprenden las condiciones pactadas entre el empleador y los representantes de los trabajadores.
Multa, comunicado público y capacitación obligatoria para la administración
La sentencia establece otras medidas que deberá cumplir la Fundación Educacional Colegio Darío Salas una vez que la resolución quede ejecutoriada.
El establecimiento deberá enviar un comunicado oficial a todos sus funcionarios y a las organizaciones de apoderados, reconociendo la representación del sindicato, la obligación de respetar el contrato colectivo y el resultado del juicio.
El documento también tendrá que publicarse por una sola vez en un diario de circulación regional, dentro de los 30 días posteriores a que la sentencia quede firme.
Además, el sostenedor, administrador y equipo directivo deberán asistir a una capacitación de al menos seis horas pedagógicas sobre libertad sindical y prácticas antisindicales.
La actividad tendrá que ser impartida por un académico de una universidad chilena perteneciente al Consejo de Rectores, dentro del año siguiente a que el fallo quede ejecutoriado. Los demás funcionarios podrán participar voluntariamente.
La fundación también fue sancionada con una multa conforme al artículo 292 del Código del Trabajo, fijada en el mínimo legal correspondiente. Su monto exacto será determinado en la etapa de cumplimiento, una vez establecida la clasificación de la entidad empleadora.
A ello se suma el pago de las costas del juicio, con costas personales reguladas en $2 millones, además de las procesales que eventualmente correspondan.
Tribunal rechazó indemnización de $90 millones solicitada por el sindicato
Pese al resultado favorable en materias centrales de la demanda, el tribunal no acogió todas las reclamaciones presentadas por la organización sindical.
Entre las peticiones rechazadas figura una indemnización de $90 millones por daño moral colectivo, solicitada por el sindicato a raíz de los perjuicios que atribuía a la actuación de la administración.
El juzgado también desestimó otros cuestionamientos relacionados con materias de funcionamiento y cumplimiento de acuerdos laborales.
Durante el proceso, la fundación negó haber cometido prácticas antisindicales y sostuvo que las diferencias respondían principalmente a distintas interpretaciones sobre la aplicación de los compromisos colectivos.
La demanda fue presentada por el Sindicato de Trabajadores Colegio Darío Salas Talca, representado legalmente por Yakeline de las Mercedes Yáñez Sánchez, contra la fundación sostenedora, representada por Skandar Afif Hazbún Rezuc.
Sentencia de primera instancia todavía puede ser recurrida
El fallo corresponde a la causa RIT S-1-2026 del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.
Al tratarse de una resolución de primera instancia, puede ser impugnada mediante los mecanismos establecidos en la legislación laboral, incluyendo un eventual recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Talca.
Las medidas sujetas a ejecutoria deberán cumplirse cuando la sentencia adquiera firmeza, de acuerdo con los plazos fijados por el tribunal.
Por ahora, la resolución establece la responsabilidad de la fundación por las prácticas antisindicales acogidas judicialmente y dispone medidas de restitución económica y reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores.
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