La comuna de Río Claro enfrenta uno de los episodios institucionales más complejos de las últimas décadas. Un grupo de concejales presentó un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule solicitando la remoción del alcalde Américo Gustavo Guajardo Oyarce, acusándolo de notable abandono de deberes y graves infracciones al principio de probidad administrativa.
La acción fue ingresada por los concejales Néstor Vergara, Mauricio Montecino, Eduardo Muñoz y Joaquín Poblete, quienes sostienen que durante años se habría configurado un patrón sistemático de irregularidades administrativas y financieras que hoy tiene a la educación municipal, la salud comunal y otras áreas estratégicas sumidas en una profunda crisis.
El requerimiento no solo solicita la destitución del jefe comunal, sino también que quede inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Un expediente de más de un centenar de páginas
La presentación ante el TER se sustenta en una extensa recopilación de antecedentes que incluye informes de Contraloría, auditorías, documentos internos, resoluciones administrativas, oficios de control, estados financieros y antecedentes judiciales.
Según los concejales, las irregularidades detectadas representarían un perjuicio patrimonial superior a los $9.672 millones para las arcas municipales.
Entre los principales cuestionamientos aparecen:
- • Desvío de recursos SEP y FAEP destinados a educación.
- • Déficit estructural del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).
- • Millonaria deuda previsional.
- • Retrasos reiterados en el pago de cotizaciones.
- • Irregularidades en contratos municipales.
- • Observaciones en el área de salud.
- • Situaciones cuestionadas en la Corporación Municipal de Cultura.
- • Problemas asociados a permisos de circulación.
La educación en el centro de la crisis
Uno de los capítulos más delicados del requerimiento se concentra en la situación financiera del DAEM.
Según los antecedentes presentados ante el TER, al 31 de marzo de 2026 el déficit acumulado alcanzaba los $1.428 millones.
Los requirentes sostienen que este déficit no sería un problema reciente ni producto de circunstancias excepcionales, sino la consecuencia de decisiones adoptadas durante varios años.
El documento cita antecedentes contenidos en la Resolución Exenta RE7069/2026 de Contraloría, la cual aprobó un sumario administrativo relacionado con el manejo de recursos SEP y FAEP entre 2018 y 2020. Según el requerimiento, la investigación estableció diferencias superiores a los $1.143 millones entre los fondos que debían encontrarse disponibles y los saldos efectivamente existentes.
Dentro de los testimonios incorporados al expediente se incluyen declaraciones de exfuncionarios del área educación que apuntan a transferencias de recursos mediante decretos alcaldicios hacia cuentas utilizadas para financiar gastos operacionales.
Cotizaciones impagas por más de $1.000 millones
Otro de los antecedentes que más preocupación genera corresponde a la deuda previsional.
El requerimiento afirma que la deuda acumulada por concepto de cotizaciones previsionales del DAEM alcanzó los $1.000.577.741 al primer trimestre de 2026.
El documento señala además que durante los años 2023 y 2024 la Contraloría detectó atrasos reiterados en el pago de cotizaciones previsionales, registrándose demoras que en algunos casos llegaron hasta los 105 días.
Más aún, el informe sostiene que gran parte de esos incumplimientos se produjeron pese a existir disponibilidad de recursos para efectuar los pagos.
Los antecedentes agregan que la Tesorería General de la República descontó $366 millones desde el Fondo Común Municipal debido al no pago de obligaciones previsionales.
Según el requerimiento, esta situación redujo significativamente los ingresos municipales y profundizó aún más la compleja situación financiera de la comuna.
Jardines VTF denuncian cinco meses sin bono
Mientras el requerimiento avanza en la justicia electoral, la crisis ya tiene consecuencias visibles en los establecimientos educacionales.
Funcionarias de los jardines VTF de Camarico, Cumpeo y Porvenir difundieron una declaración pública denunciando que el bono de rentas menores destinado a técnicas en párvulos no estaría siendo cancelado desde hace aproximadamente cinco meses.
Las trabajadoras acusaron incumplimientos reiterados y advirtieron que, de no existir una solución concreta, podrían iniciar una paralización de actividades.
El documento difundido por las funcionarias señala que la situación afecta directamente a quienes diariamente desarrollan labores de educación inicial y cuidado infantil en la comuna.
Escuela Odessa anuncia movilización
La tensión también llegó a la Escuela Odessa.
Profesores y asistentes de la educación informaron el inicio de una paralización de brazos caídos, denunciando problemas relacionados con cotizaciones descontadas y no pagadas, además de otras obligaciones pendientes.
La movilización se suma a un creciente malestar que ya comienza a extenderse por distintos establecimientos educacionales de la comuna.
Advertencias ignoradas durante años
Uno de los aspectos más graves descritos por los concejales es que las alertas habrían sido reiteradas durante años.
El requerimiento sostiene que el alcalde recibió múltiples informes y oficios provenientes de organismos de control interno, además de advertencias formuladas por responsables del área educacional.
Según los antecedentes expuestos, existieron numerosas observaciones formales respecto al uso de recursos, déficit presupuestarios y obligaciones previsionales, sin que se adoptaran medidas suficientes para revertir la situación.
Los requirentes sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de una conducta reiterada que se habría prolongado durante varios años de administración.
El precedente de La Serena
Los concejales también invocan como referencia el caso del exalcalde de La Serena, Roberto Jacob, cuya remoción fue confirmada por el Tribunal Electoral debido a incumplimientos reiterados relacionados con obligaciones previsionales.
A juicio de los requirentes, existirían elementos comparables que justifican que el TER del Maule evalúe una sanción similar.
La decisión ahora está en manos del TER
El Tribunal Electoral Regional del Maule deberá analizar los antecedentes presentados, resolver la admisibilidad del requerimiento y posteriormente escuchar los descargos de la autoridad comunal.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial del alcalde Américo Guajardo respecto de las acusaciones contenidas en la presentación judicial.
Lo cierto es que Río Claro vive horas decisivas. Mientras la justicia electoral comienza a revisar uno de los requerimientos más severos presentados contra una autoridad comunal en la región, la crisis ya se refleja en jardines infantiles, escuelas, funcionarios y trabajadores que exigen respuestas frente a una situación que amenaza con profundizarse.
Sigue esta y otras informaciones en Maule News
0 comments:
Publicar un comentario