Noticias de Chile: Esta mañana, se dio a conocer que el Gobierno realizará una consulta ciudadana para recoger propuestas que ayuden a fortalecer la normativa que establece medidas contra las personas que cometan actos de discriminación arbitraria basadas en la orientación sexual e identidad de género, entre otras.
A través de la vocera de Gobierno, la ministra Cecilia Pérez, el Ejecutivo anunció que iniciará en marzo un proceso que busca recoger los insumos para generar un proyecto que permita reformar y actualizar la Ley Antidiscriminación. La iniciativa, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, contempla una consulta ciudadana a través de una página web que estará disponible por 30 días y una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la que podrían participar las organizaciones de la sociedad civil.
Una de las propuestas que adelantó el Ejecutivo tienen que ver con sacar de los tribunales civiles algunas de las acciones referidas a esta esta ley y llevarlas a la justicia penal de manera de poder sancionar con cárcel a quienes cometan determinados actos discriminatorios.
Si bien el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, celebró el anuncio de reforma —que es parte del programa de Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera— se mostró contrario al aumento de la penalización por considerar que la solución no está en establecer penas de cárcel, sino en la prevención y en la educación, de manera de evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo.
“La Ley Antidiscriminación es una ley reactiva, permite demandar en tribunales ante un acto discriminatorio, sin embargo, no se ocupa en nada de prevenir que esos actos ocurran. En ese sentido, nos parece que seguir en la línea de reaccionar no es el camino correcto. El gobierno debe priorizar la educación de la ciudadanía y de los servicios públicos, a través de una institucionalidad que se encargue de esa labor”, dijo Pi.
En esta línea es que Iguales propone una serie de mejoras entre las que destacan, en primer lugar, una institucionalidad en materia igualdad y no discriminación; modificar la definición de discriminación de acuerdo a estándares internacionales de Derechos Humanos; ampliar el objeto de la ley por prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación.
Asímismo busca eliminar la multa para el denunciante cuando su acción no tenga fundamento, y reformar la acción de no discriminación, tanto en el monto máximo de la multa con beneficio fiscal, pasando de 50 a 500 UTM, de manera de generar un real disuasivo, y permitir que la víctima pueda solicitar una indemnización por el daño sufrido.
A través de la vocera de Gobierno, la ministra Cecilia Pérez, el Ejecutivo anunció que iniciará en marzo un proceso que busca recoger los insumos para generar un proyecto que permita reformar y actualizar la Ley Antidiscriminación. La iniciativa, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, contempla una consulta ciudadana a través de una página web que estará disponible por 30 días y una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la que podrían participar las organizaciones de la sociedad civil.
Una de las propuestas que adelantó el Ejecutivo tienen que ver con sacar de los tribunales civiles algunas de las acciones referidas a esta esta ley y llevarlas a la justicia penal de manera de poder sancionar con cárcel a quienes cometan determinados actos discriminatorios.
Si bien el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, celebró el anuncio de reforma —que es parte del programa de Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera— se mostró contrario al aumento de la penalización por considerar que la solución no está en establecer penas de cárcel, sino en la prevención y en la educación, de manera de evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo.
“La Ley Antidiscriminación es una ley reactiva, permite demandar en tribunales ante un acto discriminatorio, sin embargo, no se ocupa en nada de prevenir que esos actos ocurran. En ese sentido, nos parece que seguir en la línea de reaccionar no es el camino correcto. El gobierno debe priorizar la educación de la ciudadanía y de los servicios públicos, a través de una institucionalidad que se encargue de esa labor”, dijo Pi.
En esta línea es que Iguales propone una serie de mejoras entre las que destacan, en primer lugar, una institucionalidad en materia igualdad y no discriminación; modificar la definición de discriminación de acuerdo a estándares internacionales de Derechos Humanos; ampliar el objeto de la ley por prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación.
Asímismo busca eliminar la multa para el denunciante cuando su acción no tenga fundamento, y reformar la acción de no discriminación, tanto en el monto máximo de la multa con beneficio fiscal, pasando de 50 a 500 UTM, de manera de generar un real disuasivo, y permitir que la víctima pueda solicitar una indemnización por el daño sufrido.
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