#MauleNews: La Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de amparo interpuesto por la Sede Regional del Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos contra Gendarmería de Chile, a favor de una persona privada de libertad agredida en el Centro de Cumplimiento Penitenicario de Linares.
De acuerdo a la denuncia recibida por el INDH, el 1 de agosto la víctima fue agredida en reiteradas ocasiones por varios funcionarios penitenciarios, quienes, lo separaron del resto de los privados de libertad y lo trasladaron a una oficina, donde continuaron los golpes y las vejaciones. Estos hechos fueron registrados por diferentes cámaras de vigilancia de la unidad penal.
La Corte de Apelaciones, analizando los registros de video, y de acuerdo al reconocimiento de Gendarmería de las agresiones, declaró que la autoridad penitenciaria violó la garantía constitucional de seguridad personal y dispuso otorgar las medidas de seguridad necesarias para resguardar, en lo sucesivo, la integridad física y psíquica del privado de libertad, tanto en relación a los funcionarios de esa entidad, de los demás internos y del propio amparado.
Cabe señalar que la Corte instruyó a Gendarmería la revisión y adecuación de sus protocolos de actuación, para que situaciones como las conocidas no vuelvan a ocurrir. Además, recomendó a Gendarmería emprender un programa de capacitación contra la tortura, como medida preventiva, a todos los funcionarios del recinto penitenciario donde se produjeron los hechos.
De acuerdo a la denuncia recibida por el INDH, el 1 de agosto la víctima fue agredida en reiteradas ocasiones por varios funcionarios penitenciarios, quienes, lo separaron del resto de los privados de libertad y lo trasladaron a una oficina, donde continuaron los golpes y las vejaciones. Estos hechos fueron registrados por diferentes cámaras de vigilancia de la unidad penal.
La Corte de Apelaciones, analizando los registros de video, y de acuerdo al reconocimiento de Gendarmería de las agresiones, declaró que la autoridad penitenciaria violó la garantía constitucional de seguridad personal y dispuso otorgar las medidas de seguridad necesarias para resguardar, en lo sucesivo, la integridad física y psíquica del privado de libertad, tanto en relación a los funcionarios de esa entidad, de los demás internos y del propio amparado.
Cabe señalar que la Corte instruyó a Gendarmería la revisión y adecuación de sus protocolos de actuación, para que situaciones como las conocidas no vuelvan a ocurrir. Además, recomendó a Gendarmería emprender un programa de capacitación contra la tortura, como medida preventiva, a todos los funcionarios del recinto penitenciario donde se produjeron los hechos.
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