Noticias Región del Maule: El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, se reunió ayer (19 NOV) con parte del equipo de observadores enviados a Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evaluar la situación de los derechos humanos en el contexto de la crisis social que vive el país desde el pasado 18 de octubre.
Acompañado por la jefa de Gabinete, Daniela Báez; el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría, Tomás Pascual, Mahnke se reunió con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien llegó a la cita junto a otros dos abogados de esa repartición.
Junto con entregar un detallado informe sobre la organización interna que ha permitido a la Defensoría enfrentar la actual contingencia en términos de atenciones y cobertura de defensa, los directivos institucionales pusieron énfasis en varias cifras relevantes recogidas desde el inicio de la crisis.
En detalle, informaron que desde el 20 de octubre y el 13 de noviembre, las y los defensores públicos de todo el país han intervenido en 20 mil 645 audiencias de control de detención, lo que implica un aumento de 25,4 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Agregaron que, de ese total de detenidos, el 83,3 por ciento correspondió a hombres, el 16,7 por ciento a mujeres, el 7,4 por ciento a menores de 18 años y el 3,1 a imputados extranjeros.
Según las cifras institucionales, los principales delitos imputados a estas personas detenidas son robo en lugar no habitado (31,9 por ciento), desórdenes públicos (9,1 por ciento) y amenazas simples (8,8 por ciento). Además, el 60 por ciento de los imputados registraba ingresos anteriores al sistema, por delitos como robo en lugar no habitado (19,4 por ciento), amenazas simples (9,8 por ciento) y lesiones menos graves (7,8 por ciento).
“La mayoría no tiene antecedentes penales y los delitos que más se les imputan son desórdenes públicos y robo en lugar no habitado. La mayor concentración territorial de estas denuncias se da en las regiones Metropolitana y Valparaíso (117 en total)”, sostuvieron.
En cuanto a las denuncias, las principales tienen que ver con casos de violencia sexual contra mujeres y hombres, particularmente desnudamientos en unidades policiales, con al menos 19 casos, en su mayoría contra mujeres. También hay denuncias por impactos de proyectil, amenaza de muerte, golpes con arma de servicio y ahorcamiento, entre otros delitos.
Los directivos de la Defensoría señalaron también que se ha detectado una ausencia generalizada de constataciones de lesiones en estos casos, pues lo que hay son actas de salud, que en su mayoría no coinciden con las lesiones visibles de los imputados.
El Defensor Nacional y su equipo mostraron preocupación por la situación de las personas detenidas, especialmente aquellas pertenecientes a distintos grupos vulnerables. De hecho, advirtieron que en este primer período las solicitudes de ilegalidad de la detención aumentaron un 460 por ciento, pasando de 619 en igual período de 2018 a 3 mil 464 este año, mientras que las detenciones efectivamente declaradas ilegales por los tribunales aumentaron un 519 por ciento en general, aunque las cifras fueron todavía mayores en grupos específicos: mujeres (758 por ciento), menores de 18 años (555 por ciento) y extranjeros (650 por ciento).
Más allá de esa primera semana, el período completo muestra que los defensores públicos alegaron la ilegalidad de la detención en el 26,3 por ciento de los casos, medida que se decretó efectivamente en el 6,2 por ciento de los casos. “Esta cifra está muy por sobre el comportamiento habitual, ya que durante el mismo período del año pasado se alegó ilegalidad de la detención en el 10,8 por ciento de las audiencias y se otorgó solo en el 2,2 por ciento de los casos”, señalaron.
Con todo, considerando el período completo desde que comenzó el estallido social, las solicitudes de ilegalidad aumentaron un 204 por ciento y aquellas efectivamente declaradas ilegales crecieron un 248 por ciento, aunque estos crecimientos afectaron más a mujeres, menores de 18 años y extranjeros, caso éste último en que las ilegalidades decretadas crecieron un 375 por ciento.
Hablando de grupos vulnerables, otro dato relevante es que en los imputados extranjeros “el porcentaje de prisiones preventivas es mucho mayor que respecto de la población nacional, pues se decretó esta medida cautelar en un 11,1 por ciento de los casos, es decir más de 4 puntos porcentuales más”, indicaron.
Acompañado por la jefa de Gabinete, Daniela Báez; el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría, Tomás Pascual, Mahnke se reunió con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien llegó a la cita junto a otros dos abogados de esa repartición.
Junto con entregar un detallado informe sobre la organización interna que ha permitido a la Defensoría enfrentar la actual contingencia en términos de atenciones y cobertura de defensa, los directivos institucionales pusieron énfasis en varias cifras relevantes recogidas desde el inicio de la crisis.
En detalle, informaron que desde el 20 de octubre y el 13 de noviembre, las y los defensores públicos de todo el país han intervenido en 20 mil 645 audiencias de control de detención, lo que implica un aumento de 25,4 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Agregaron que, de ese total de detenidos, el 83,3 por ciento correspondió a hombres, el 16,7 por ciento a mujeres, el 7,4 por ciento a menores de 18 años y el 3,1 a imputados extranjeros.
Según las cifras institucionales, los principales delitos imputados a estas personas detenidas son robo en lugar no habitado (31,9 por ciento), desórdenes públicos (9,1 por ciento) y amenazas simples (8,8 por ciento). Además, el 60 por ciento de los imputados registraba ingresos anteriores al sistema, por delitos como robo en lugar no habitado (19,4 por ciento), amenazas simples (9,8 por ciento) y lesiones menos graves (7,8 por ciento).
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Dentro del informe entregado a los representantes de la Comisión Interamericana, los directivos de la Defensoría explicaron que hasta ahora la institución ha recogido 178 denuncias de violencia institucional, la mayoría de ellas realizadas por personas imputadas que así lo advirtieron a sus defensores públicos en la misma audiencia de control de detención.La mayoría de las denuncias (152) están dirigidas a funcionarios de Carabineros, aunque también hay 13 casos contra la PDI, cuatro contra militares, tres contra civiles y las restantes sin información.“La mayoría no tiene antecedentes penales y los delitos que más se les imputan son desórdenes públicos y robo en lugar no habitado. La mayor concentración territorial de estas denuncias se da en las regiones Metropolitana y Valparaíso (117 en total)”, sostuvieron.
En cuanto a las denuncias, las principales tienen que ver con casos de violencia sexual contra mujeres y hombres, particularmente desnudamientos en unidades policiales, con al menos 19 casos, en su mayoría contra mujeres. También hay denuncias por impactos de proyectil, amenaza de muerte, golpes con arma de servicio y ahorcamiento, entre otros delitos.
Los directivos de la Defensoría señalaron también que se ha detectado una ausencia generalizada de constataciones de lesiones en estos casos, pues lo que hay son actas de salud, que en su mayoría no coinciden con las lesiones visibles de los imputados.
PRIMERA SEMANA
Mahnke y los demás directivos explicaron a la delegación de la CIDH durante la primera semana de movilizaciones sociales -con estado de emergencia y toque de queda- los controles de detención aumentaron un 70,1 por ciento respecto de igual período del año pasado, pues de un promedio diario normal de 600 a 650 controles aumentó a mil 100 audiencias diarias, con un peak el 21 de octubre, día en que hubo 2 mil 508 controles de detención.El Defensor Nacional y su equipo mostraron preocupación por la situación de las personas detenidas, especialmente aquellas pertenecientes a distintos grupos vulnerables. De hecho, advirtieron que en este primer período las solicitudes de ilegalidad de la detención aumentaron un 460 por ciento, pasando de 619 en igual período de 2018 a 3 mil 464 este año, mientras que las detenciones efectivamente declaradas ilegales por los tribunales aumentaron un 519 por ciento en general, aunque las cifras fueron todavía mayores en grupos específicos: mujeres (758 por ciento), menores de 18 años (555 por ciento) y extranjeros (650 por ciento).
Más allá de esa primera semana, el período completo muestra que los defensores públicos alegaron la ilegalidad de la detención en el 26,3 por ciento de los casos, medida que se decretó efectivamente en el 6,2 por ciento de los casos. “Esta cifra está muy por sobre el comportamiento habitual, ya que durante el mismo período del año pasado se alegó ilegalidad de la detención en el 10,8 por ciento de las audiencias y se otorgó solo en el 2,2 por ciento de los casos”, señalaron.
Con todo, considerando el período completo desde que comenzó el estallido social, las solicitudes de ilegalidad aumentaron un 204 por ciento y aquellas efectivamente declaradas ilegales crecieron un 248 por ciento, aunque estos crecimientos afectaron más a mujeres, menores de 18 años y extranjeros, caso éste último en que las ilegalidades decretadas crecieron un 375 por ciento.
PRISIÓN PREVENTIVA
Respecto de las prisiones preventivas decretadas, el equipo de la Defensoría informó que “entre el 20 de octubre y el 13 de noviembre el 6,7 por ciento de los imputados pasados a control de detención quedó en prisión preventiva (la cifra habitual es 8,7 por ciento). En el caso de los menores de 18 años el porcentaje de prisiones preventivas disminuyó aún más, pues si en 2018 afectó al 10,3 por ciento, en este período solo se han decretado en un 3,9 por ciento de los casos”, explicó Andrés Mahnke.Hablando de grupos vulnerables, otro dato relevante es que en los imputados extranjeros “el porcentaje de prisiones preventivas es mucho mayor que respecto de la población nacional, pues se decretó esta medida cautelar en un 11,1 por ciento de los casos, es decir más de 4 puntos porcentuales más”, indicaron.
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