La jornada del 19 de noviembre marcó un punto de inflexión en la discusión sobre el manejo tarifario eléctrico en Chile. La Cámara de Diputados aprobó, por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, tras el error metodológico que aplicó dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el cálculo de ciertas tarifas, generando cobros excesivos para miles de familias, especialmente en zonas rurales del país donde la electricidad ya opera en condiciones más precarias y costosas. El caso será ahora revisado por el Senado el próximo 25 de noviembre, que actuará como jurado.
Un golpe directo al corazón técnico del sector energético
El libelo, impulsado principalmente por parlamentarios de oposición, sostiene que Pardow habría incumplido deberes constitucionales al no supervisar adecuadamente la aplicación de la fórmula tarifaria y por presuntas vulneraciones al principio de transparencia tras la autodenuncia presentada por Transelec. El informe de la comisión revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet, ya había recomendado aprobar la acusación, advirtiendo una combinación de negligencia administrativa, falta de oportunidad en la reacción oficial y un efecto financiero de alta gravedad proyectado incluso hasta 2035.
Los capítulos del libelo apuntan directamente a la eficiencia, probidad y control interno del Ministerio de Energía durante la gestión de Pardow. El primero se centra en la fijación de precios del sistema eléctrico nacional vigente desde el 1 de enero de 2024, que derivó en sobrecargos injustificados. El segundo profundiza en la falta de reacción ante el error de cálculo detectado y reportado por la empresa transmisora, y en lo que se califica como “hermetismo” en la comunicación pública del problema.
La voz del mundo rural: Benjamín Moreno endurece el discurso tras la aprobación
Tras la votación, el diputado republicano Benjamín Moreno, integrante de la Comisión de Minería y Energía, sostuvo que la resolución de la Cámara responde al malestar transversal que generó el error tarifario, enfatizando su impacto en las familias que viven fuera de los centros urbanos. En palabras del parlamentario, “es fundamental que se establezcan responsabilidades cuando decisiones mal ejecutadas terminan golpeando el bolsillo de las familias, sobre todo en el mundo rural donde la energía ya es más cara y menos estable”.
El legislador reforzó que la aprobación del libelo constituye una señal institucional de alta relevancia, afirmando que “la aprobación de esta acusación constitucional es una señal clara de que en el Estado no puede haber espacio para errores que terminen afectando a las familias; cuando se cometen fallas de esta magnitud, alguien tiene que responder, eso es lo que la ciudadanía espera y es lo que corresponde hacer, y este caso demuestra la necesidad urgente de claridad, rigor técnico y transparencia en el sector energético, porque no podemos permitir que errores administrativos vuelvan a perjudicar a quienes viven lejos de las grandes ciudades”.
Moreno también apuntó a la etapa que se abre en el Senado, donde espera un criterio institucional acorde al impacto social del caso. Enfatizó que “espero que, en el Senado, prime la responsabilidad y la protección hacia las familias, que no pueden seguir pagando por fallas del Estado; la energía no puede transformarse en un problema permanente para quienes viven en los sectores más postergados del país”, dando por cerrado un mensaje que anticipa un debate intenso en la Cámara Alta.
Un proceso político que reconfigura la tensión entre técnica y responsabilidad pública
La acusación contra Diego Pardow no solo remueve el tablero político, sino que expone un problema estructural: la fragilidad del sistema de supervisión tarifaria en un sector crítico para el desarrollo nacional. El caso tensiona la relación entre los organismos técnicos, el rol fiscalizador del Ministerio y la capacidad del Estado para reaccionar con rapidez cuando se detectan fallas con efectos económicos masivos.
Lo que ocurra en el Senado será determinante para evaluar no solo las responsabilidades políticas del exministro, sino también las reformas que podrían exigirse para evitar que un error de cálculo se convierta nuevamente en un escándalo de alcance nacional.
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