El diputado Benjamín Moreno respaldó con su voto el proyecto de ley que aumenta de manera significativa las penas por robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, una iniciativa que busca frenar una escalada delictiva que en los últimos años ha afectado gravemente a comunidades enteras, especialmente en sectores rurales como la Región del Maule.
El fenómeno, que en el pasado era visto como un ilícito menor, hoy se ha transformado en un negocio altamente rentable para bandas organizadas. El impacto es transversal: desde interrupciones eléctricas hasta cortes totales de internet y telefonía, dejando a familias y localidades sin servicios esenciales durante horas o incluso días.
Un delito en expansión y con alto costo social
De acuerdo con cifras oficiales, en 2023 se robaron más de 255 kilómetros de cableado en el país, dejando a más de 250 mil hogares afectados. Ese mismo año, la empresa Enel denunció el robo de 68 toneladas de cable, con un costo de reposición cercano a los $2.900 millones.
El 2024 no mostró mejoras. CGE informó la sustracción de 225 kilómetros de cable desde sus instalaciones, un hecho que amenazó el suministro eléctrico de más de tres millones de personas. La situación es particularmente grave en áreas rurales, donde la conectividad es limitada y la dependencia de una única red aumenta la vulnerabilidad.
“Aquí no se trata solo de reponer un cable. Se trata de la interrupción de servicios esenciales como electricidad, internet y telefonía, lo que deja a comunidades enteras desconectadas y vulnerables. Es un impacto directo en la seguridad, la comunicación y el desarrollo cotidiano de miles de familias. Y esto es aún más grave en zonas como la Región del Maule”, enfatizó el diputado Moreno a Radio FM+.
Contrabando de cobre: un negocio millonario y global
La ley aprobada también apunta al eslabón final de la cadena: el comercio ilegal de cobre. El Servicio Nacional de Aduanas informó que en lo que va de 2025 ya se han incautado más de 270 toneladas de chatarra de cobre de origen ilícito, con decomisos relevantes en los puertos de San Antonio (144.741 kg) y Talcahuano (95.687 kg). Entre 2023 y 2025, las incautaciones ya superan las 415 toneladas, revelando el nivel de organización y alcance internacional de estas redes.
El proyecto modifica el Código Penal y la Ordenanza de Aduanas para endurecer las penas cuando el robo afecta a usuarios finales o cuando los delincuentes suplantan a trabajadores de empresas proveedoras. También sanciona el uso de certificados maliciosos en exportaciones, herramienta clave para frenar la salida de cobre robado hacia mercados internacionales.
Respuesta firme ante un delito de alto impacto
“Estos no son actos aislados ni menores. Son delitos complejos, bien organizados, que requieren una respuesta firme del Estado. Hoy respondemos con una ley clara y necesaria que protege a las personas y enfrenta con decisión estas redes criminales”, declaró Moreno, destacando el carácter integral de la iniciativa.
El parlamentario subrayó que la norma entrega una herramienta concreta para proteger a los ciudadanos y garantizar la continuidad de los servicios básicos: “Esta es una medida directa para devolver tranquilidad a nuestras familias, especialmente en el mundo rural, donde estos cortes se sienten con más fuerza”.
Con la nueva legislación, el robo de cables deja de ser tratado como un delito menor y se convierte en un ilícito de alto impacto con sanciones proporcionales a sus consecuencias. El desafío ahora será su aplicación efectiva, para que las comunidades de la Región del Maule y de todo Chile puedan recuperar la seguridad y estabilidad en su vida diaria.
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