Después de un proceso tortuoso que significó altos costos, tanto económico como político para el gobierno regional, con una demanda y otra contrademanda con la empresa constructora que significó dos años de litigio judicial, en marzo de 2016 recién se firmó el traspaso definitivo de este edificio al Gobierno Regional del Maule.
Este escogió 8 años exactos desde el terremoto que destruyó la anterior Intendencia para realizar la ceremonia inaugural del edificio institucional del Gobierno Regional del Maule emplazado en plena Plaza de Armas de Talca.
El intendente saliente de la Región del Maule, Pablo Meza, encabezó esta inauguración señaló “este es un proyecto muy esperado y muy anhelado por la Región del Maule, el tener un centro de Gobierno donde concurran la mayor cantidad de servicios."
Por su parte, el actual Presidente del Consejo Regional, Boris Tapia, acotó “hace veinte años los maulinos queríamos tener un edificio donde se consolidaran todos los servicios para ofrecer un mejor servicio a la comunidad, para que no estén las instituciones dispersas en la ciudad.”.
El inmueble cuenta con 6207 m2 de superficie, 11 pisos destinados a oficinas, estructura de hormigón armado, sistema antisísmico de última generación, ascensores, acceso para personas en situación de discapacidad (obligación legal) y cumple con todas las medidas de seguridad.
Aún así, pese al intento institucional de dar una imagen de existimo al finalizar el gobierno de la presidenta Bachelet, cabe indicar que según una investigación de Diario El Centro, la Contraloría detecto anomalías en la implementación de esta estructura entre ellas:
- El no cobro de multas por $62.600.834.
- La inexistencia de 16 metros cuadrados de tarima equivalente a una cifra de $12.816.050.
- Mantención e instalaciones menores por $240.344.034, “superando en más de 10 veces el monto adjudicado originalmente”.
- Compras de productos y/o servicios no contenidos en la oferta técnica del proveedor que totalizan $170.149.628.
Hechos sobre los cuales desde el gobierno regional indican que corresponden a una interpretación distinta de su gestión, aducida al cambio de administración de la Contraloría.
