#MauleNews: Presidente del CPLT sostuvo que las recomendaciones de la institución que dirige cumplen hacerse cargo de temas que producen desconfianza en la gente
El Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció esta semana una serie de recomendaciones para las empresas públicas que van más allá de lo exigido por la normativa vigente y que elevan los estándares en materia de probidad, buen gobierno corporativo y transparencia. El documento formal se está distribuyendo desde fines de la semana pasada.
Marcelo Drago, presidente de la entidad, destacó que este llamado responde, entre otros factores, a la necesidad de hacerse cargo de temas y actores que generan demandas de información, de modo de estar “más sintonizados” con los intereses de la ciudadanía.
“Como Consejo queremos que estas empresas den pasos hacia la transparencia, incorporen buenas prácticas tanto en lo relativo al acceso a la información y publicidad -más allá de lo que están obligados por la ley vigente- como en materia probidad, transparencia y buen gobierno corporativo, de modo de adecuarse a buenas prácticas internacionales en algunos de estos temas”, comentó el titular de Transparencia.
Drago enfatizó en que las empresas públicas deben responder cada vez más a las solicitudes de información de parte las personas, subrayando que este anuncio busca innovar tanto en el tipo de temas que deben informar las empresas públicas como en el mapa de las entidades que deben entregar estos antecedentes.
“Tenemos que hacernos cargo de temas que producen desconfianza en la gente y que generan demandas de información como son eventuales conflictos de intereses o acciones y materias normadas en la ley del lobby, registros públicos de las audiencias de los altos cargos altos de estas empresas o información sobre sus viajes y donativos, entre otros”, agregó.
Respecto de la necesidad de ampliar los requerimientos, el Presidente del CPLT destacó la inclusión de experiencias internacionales, los que se vinculan fundamentalmente con “facilitar el acceso público y en lenguaje claro y fácil de comprender información económica, de contratos y decisiones relevantes que puedan tomar los directorios de las empresas públicas, entre otras materias”.
El anuncio se da en el marco de los 10 años de la Ley de Transparencia y fue calificado por Drago como “una señal relevante y potente en la promoción del principio de transparencia en la función de entidades estatales”. Entre las empresas que serán oficiadas se cuentan Codelco, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Correos de Chile, entre otras.
Otro de los focos de trabajo del CPLT es potenciar la disponibilidad de información útil y con estándares de datos abiertos y formatos amigables, facilitando el uso de la información por parte de los usuarios y la voluntad por innovar en esta línea por parte de las distintas instituciones.
El presidente del Consejo para la Transparencia evaluó positivamente estas propuestas y afirmó que los ciudadanos junto con acceder a la información, requieren comprenderla para utilizarla con distintos fines sociales, incluyendo el control social de instituciones públicas.
“Medidas como éstas permiten crear oportunidades de control social en el quehacer de las empresas públicas, lo que colabora con la reducción de ámbitos percibidos como opacos o poco transparentes”, concluyó.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció esta semana una serie de recomendaciones para las empresas públicas que van más allá de lo exigido por la normativa vigente y que elevan los estándares en materia de probidad, buen gobierno corporativo y transparencia. El documento formal se está distribuyendo desde fines de la semana pasada.
Marcelo Drago, presidente de la entidad, destacó que este llamado responde, entre otros factores, a la necesidad de hacerse cargo de temas y actores que generan demandas de información, de modo de estar “más sintonizados” con los intereses de la ciudadanía.
“Como Consejo queremos que estas empresas den pasos hacia la transparencia, incorporen buenas prácticas tanto en lo relativo al acceso a la información y publicidad -más allá de lo que están obligados por la ley vigente- como en materia probidad, transparencia y buen gobierno corporativo, de modo de adecuarse a buenas prácticas internacionales en algunos de estos temas”, comentó el titular de Transparencia.
Drago enfatizó en que las empresas públicas deben responder cada vez más a las solicitudes de información de parte las personas, subrayando que este anuncio busca innovar tanto en el tipo de temas que deben informar las empresas públicas como en el mapa de las entidades que deben entregar estos antecedentes.
“Tenemos que hacernos cargo de temas que producen desconfianza en la gente y que generan demandas de información como son eventuales conflictos de intereses o acciones y materias normadas en la ley del lobby, registros públicos de las audiencias de los altos cargos altos de estas empresas o información sobre sus viajes y donativos, entre otros”, agregó.
Respecto de la necesidad de ampliar los requerimientos, el Presidente del CPLT destacó la inclusión de experiencias internacionales, los que se vinculan fundamentalmente con “facilitar el acceso público y en lenguaje claro y fácil de comprender información económica, de contratos y decisiones relevantes que puedan tomar los directorios de las empresas públicas, entre otras materias”.
El anuncio se da en el marco de los 10 años de la Ley de Transparencia y fue calificado por Drago como “una señal relevante y potente en la promoción del principio de transparencia en la función de entidades estatales”. Entre las empresas que serán oficiadas se cuentan Codelco, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Correos de Chile, entre otras.
Otro de los focos de trabajo del CPLT es potenciar la disponibilidad de información útil y con estándares de datos abiertos y formatos amigables, facilitando el uso de la información por parte de los usuarios y la voluntad por innovar en esta línea por parte de las distintas instituciones.
El presidente del Consejo para la Transparencia evaluó positivamente estas propuestas y afirmó que los ciudadanos junto con acceder a la información, requieren comprenderla para utilizarla con distintos fines sociales, incluyendo el control social de instituciones públicas.
“Medidas como éstas permiten crear oportunidades de control social en el quehacer de las empresas públicas, lo que colabora con la reducción de ámbitos percibidos como opacos o poco transparentes”, concluyó.
