A poco más de tres años de su entrada en vigencia, Marcelo Drago abordó la necesidad de modificar la actual Ley del Lobby, pues a su juicio, la norma sólo es un registro de audiencias, viajes y donativos.
“Los lobistas deberían transparentar quiénes los contratan, para qué materias los están contratando, cuánto les están pagando y sobre qué autoridad están haciendo lobby”, señaló la autoridad.
En noviembre de 2014 y tras varios años de discusión legislativa, entró en vigencia la llamada Ley del Lobby, una norma que pretende regular las gestiones de empresas o personas particulares ante autoridades y funcionarios públicos de nuestro país.
Para ello, la ley estableció el registro y la publicidad de tres elementos imprescindibles para fomentar la transparencia y la probidad: las reuniones, los viajes y los regalos recibidos por algún funcionario del Estado.
Y pese a que existe un buen balance de la norma, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, ahondó en la necesidad de perfeccionar esta ley.
“Tenemos una mirada crítica de la Ley del Lobby, pues después de un par de años, concluimos que se trata de una buena ley de registro de audiencias, viajes y donativos. Sin embargo, no creemos que esté regulando verdaderamente el lobby. Todas las experiencias internacionales, como las de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea enfocan la regulación en el lobista, no en la autoridad que es sujeto de lobby como sucede acá en Chile”, señaló Drago, haciendo hincapié en que una eventual reforma a esta legislación, debería orientarse en un mayor control sobre quienes se dedican a la gestión de intereses particulares o lobistas.
“Los lobistas deberían transparentar quiénes los contratan, para qué materias los están contratando, cuánto les están pagando y sobre qué autoridad están haciendo lobby. En otros países existe todo un sistema en el que ellos reportan sus actividades con el fin de dar cuenta de esta actividad, que en todo caso es muy legítima. Sin embargo, con el rol que juegan, es necesario que eso se transparente. Nuestra actual legislación logra parcialmente ese objetivo, por eso hay que perfeccionarlo”, agregó Drago a radio T13.
Actualmente, quienes quieran sostener una reunión con alguna autoridad o funcionario público obligado por la ley, deben solicitar una audiencia a través de un sitio web institucional. Sin embargo, a juicio de Drago, el lobby también se puede concretar a través de correos electrónicos, llamados telefónicos o incluso, mensajes de WhatsApp. De ahí que el titular del CPLT recalcó que esas formas de comunicación también deberían estar reguladas.
“Esta ley terminó siendo un conjunto de obligaciones para las autoridades públicas, y casi ninguna para los lobistas”, puntualizó Drago, detallando que hoy los chilenos pueden seguir el registro de audiencias, viajes y donativos de sus autoridades a través del sitio del CPLT www.infolobby.cl.
